La armonización legislativa en la orden de detención y procedimiento de entrega

Abstract

La Decisión Marco de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención y procedimiento de entrega, alcanza un especial protagonismo en el ámbito de la cooperación judicial internacional. La introducción en la misma del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales con la consiguiente exigencia de la supresión del principio de doble incriminación, ha supuesto una auténtica novedad en referencia al sistema tradicional de la «Extradición ». Sin embargo, las reflexiones efectuadas en el presente trabajo llevan a apreciar una serie de inconvenientes en la aplicación de la orden de detención y entrega por la ausencia de una auténtica armonización de las legislaciones penales de los distintos Estados miembros de la UE. Se reclama en el presente trabajo la ineludible tarea de armonización de los tipos penales, cuyo fundamento es la confianza entre Estados, la cual ha de ser objetivo prioritario de la Unión Europea si se quiere conseguir realmente un reforzamiento de la cooperación judicial penal en el ámbito europeoThe framework decision, dated on June 13th 2002, and related to the arrest warrant and the turn in procedure, reaches a special importance in the field of international judicial co-operation. The introduction in this matter of the principle of mutual recognition of judicial decisions, with the consequent demand of the suppression of the principle of double incrimination, has supposed a real innovation in reference to the traditional system of «Extradition». However, the reflections given in this article lead us to considerate a series of objections in the application of the arrest warrant and the turn in procedure due to the lack of an authentic harmonization of the penal legislation among the different Member States of the European Union. The present article claims for the unavoidable task of harmonization of the different types of criminal offence, whose legal basis is the trust among States. This trust must be a priority target in the European Union to obtain a reinforcement of the penal judicial co-operation within the European field