Legislación presupuestaria y autonomía colectiva en el sector público

Abstract

Uno de los principales objetivos del proceso de reformas acometido recientemente es el de la reducción del coste del factor trabajo a efectos de mejorar la competitividad de nuestra economía. Objetivo para cuya consecución se han puesto en marcha fórmulas que resultan muy distintas según el ámbito al que están dirigidas. En el caso del sector público el proceso se caracteriza por ser mucho más incisivo y directo que el efectuado en el que la Ley 3/2012, de 6 de julio, denomina “mercado laboral”, al que sobrepasa con creces en términos de imposición de nuevas condiciones de trabajo, así como de relativización de la garantía constitucional de la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Fuente formal a la que se responsabiliza de las principales dificultades de adaptación a los nuevos requerimientos. La necesidad de contener el déficit que genera el conjunto de las Administraciones y empresas públicas ha provocado así la irrupción de múltiples normas de muy distinto rango y exacción, bajo el amparo de lo que se debe considerar todo un nuevo título competencial de nuestra Constitución, el de la estabilidad financiera y presupuestaria. Normas de difícil conjunción y entre las que destacarán sobremanera, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y las últimas leyes de presupuestos generales, con las que materialmente se ahoga la capacidad de la autonomía colectiva en el sector público. En este trabajo se analizan las peculiaridades de las distintas técnicas normativas utilizadas, con las que se introducen novedosos topes a modo de máximos y la posibilidad de suspender o modificar los acuerdos, pactos y convenios en vigor, sin olvidar las normas más significativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

One of the main purposes of the current reform process is reducing the cost of labour for the purpose of improving more competitiveness. Goal for whose attainment will have launched a series of formulas that are very different depending on the scope of the rules. In the case of the public sector, the process is characterized by much more incisive and direct that the carried out for the rest (private) “labour market”. The urgent need to contain the deficit generated by the set of public administrations has been to provoke the emergence of multiple standards of different rank and exactions, under the umbrella of what should be considered a new competence title of our Constitution, the budgetary stability.