La reforma proyectada sobre la estructura de las sociedades cotizadas

Abstract

Durante la crisis desencadenada en 2008 se han puesto de manifiesto las carencias y las deficiencias del movimiento de gobierno corporativo para resolver los problemas estructurales de las sociedades cotizadas. La sociedad cotizada es una sociedad descompensada a favor de los titulares del control y de los titulares del poder de decisión en detrimento de los pequeños inversores. Se trata de un problema que tiene muy difícil solución. La confianza en los mercados para resolverlo resulta insuficiente. Las reformas que se han sucedido en los últimos años han introducido medidas concretas, pero no se ha producido un cambio de planteamiento en las bases del movimiento de gobierno corporativo, probablemente porque la internacionalización de los mercados no lo permite. El Boletín Oficial de las Cortes Generales de 7 de septiembre de 2020, publicaba el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Las disposiciones normativas proyectadas constituyen la transposición de la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo del 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. La Directiva tiene como objetivo principal reforzar el régimen de control, supervisión y gestión de las sociedades cotizadas, fomentando la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades en las que invierten y vinculando este objetivo a la viabilidad-sostenibilidad a largo plazo de las empresas. Las medidas adoptadas en la norma comunitaria responden a los planteamientos básicos del movimiento de gobierno corporativo. Las novedades que introduce la Directiva se recogen, en gran medida, en el Proyecto de Ley que impulsa la reforma del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El trabajo que se presenta aborda con seriedad y rigurosidad el tratamiento de los cuatro grandes bloques que son objeto de modificación: la identificación de los accionistas y de beneficiarios últimos y la adopción de medidas que faciliten el ejercicio de los derechos y su mayor implicación en la sociedad; la política de implicación y transparencia en las actuaciones de los inversores institucionales, los gestores de activo y los asesores de voto (proxy advisors) según el principio comply or explain; el procedimiento de aprobación de las operaciones con partes vinculadas; y un mayor control, adecuación y transparencia de la remuneración de administradores según el principio say on pay. Además, el Proyecto introduce algunas novedades que no vienen determinadas por la transposición de la Directiva, como la incorporación de las acciones de lealtad, que también son objeto de atención y reflexión en el trabajo. Las modificaciones proyectas constituyen un conjunto importante de nuevas medidas orientadas a facilitar un mejor conocimiento y una mayor transparencia en las actuaciones de diferentes sujetos que desarrollan un papel importante en el ámbito de las sociedades cotizadas y se alinean, en gran medida, con los objetivos de la Directiva. Sin embargo, como pone de manifiesto el estudio, resulta cuestionable que las medidas propuestas fomenten o incentiven a los accionistas, en particular a los inversores institucionales, a asumir tareas de control de los órganos de gestión y dirección de las sociedades cotizadas con la finalidad de orientar la gestión hacia la sostenibilidad y los objetivos de rentabilidad a largo plazo, que es la finalidad perseguida por el texto comunitario. Y es que, posiblemente, las medidas de activación contempladas en la propia Directiva puedan resultar insuficientes para conseguir el objetivo final pretendido.