Revista Penal México -- Nº 11-12, (2017)

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Efectos globales de la corrupción: un obstáculo para el desarrollo
(Universidad de Huelva, 2016) Sánchez Bernal, Javier
La corrupción ha dejado de ser un problema local que afecta únicamente a la administración pública para convertirse en un fenómeno sistémico que conlleva repercusiones negativas en todos los ámbitos de la convivencia social. En este trabajo se analizan los efectos perversos de estas conductas en los ámbitos democrático, económico, social, cultural, medioambiental y deportivo.
Aspectos fundamentales de la reforma procesal penal española de 2015
(Universidad de Huelva, 2016) Flores Prada, Ignacio
En diciembre de 2014, el Ministerio de Justicia español abandonó la idea de aprobar un nuevo código de proceso penal, anunciando en su lugar un conjunto de reformas parciales y urgentes con la finalidad de trasponer al ordenamiento español la reciente normativa comunitaria sobre justicia penal, mejorar la eficacia procesal y reforzar las garantías del sistema español de proceso penal. La reforma procesal penal española de 2015 está integrada por cinco leyes que, de modo directo e indirecto, han modificado aspectos sustanciales de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. La finalidad del presente trabajo es mostrar, de forma sintética y esquemática, los contenidos más relevantes de la referida reforma, subrayando aquellos aspectos que puedan resultar particularmente novedosos o controvertidos.
Análisis crítico del tipo penal de tortura mexicano desde la óptica del Derecho internacional. Algunas puntualizaciones para contribuir al debate de la nueva Iniciativa Legislativa
(Universidad de Huelva, 2016) Ulloa Cordero, Jorge Arturo; Araya Álvarez, María José
En el presente escrito, los autores exponen una aproximación crítica al concepto de tortura, el cual no es unívoco. Por ello, realizan una exposición de este concepto desde las ciencias sociales y las interpretaciones del Derecho internacional, tanto escrito como consuetudinario. Finalizan con un análisis de la situación actual en México, la cual generó que el Ejecutivo presentara una propuesta de reforma legal, en diciembre de 2015. Las principales conclusiones son que la propuesta es un avance pero necesita mejoras, así como que el tipo de otros tratos inhumanos debe desaparecer por su ambigüedad.
Seguridad y orden público: un nuevo panorama en el Derecho sancionador español
(Universidad de Huelva, 2016) Pastrana Sánchez, María Alejandra
En marzo de 2015 España asistió al alumbramiento de un nuevo texto legal que llevaba gestándose varios años: la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. La exégesis de los preceptos de esta nueva ley, en orden a articular un análisis del nuevo panorama sancionador español en la materia, quedaría incompleto sin referencia a parte del articulado relativo a los Capítulos II y III del Título XXII del Código Penal (referentes a los atentados, la resistencia y desobediencia y los desórdenes públicos), modificados por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Y es que este conjunto de normas ha creado un peculiar entramado normativo que hace no sólo variar la regulación de las materias en juego, sino también la propia concepción de un Derecho penal garantista que debería estar presente en todo Estado social y democrático de Derecho.
Responsabilidad penal y responsabilidad política: elementos para la diferenciación y la confluencia
(Universidad de Huelva, 2016) García Arán, Mercedes
Se analizan las diferencias estructurales entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal, especialmente en cuanto a su fundamento y sus fines. El carácter objetivo de la responsabilidad política, también por hechos ajenos, lleva a plantear algunos límites a partir de la comparación con la culpa civil extracontractual, con la que comparte algunos elementos. Sin embargo, el principal límite debe ubicarse en la prohibición constitucional de arbitrariedad. Se analizan también las relaciones entre ambas clases de responsabilidad cuando concurren en un mismo sujeto.
La reedición de la discusión de la pena de muerte en América Latina
(Universidad de Huelva, 2017) García Falconí, Ramiro J.; Orna Peñafiel, Ángel; Alba Zurita, Eliana
Desde la Antigüedad la pena de muerte es aplicada como castigo análogo a la acción cometida contra la vida y los credos religiosos. La religión había asimilado esta sanción como una forma de salvaguardar a los no pecadores, de aquellas personas consideradas como peligrosas para la fe. Su discusión es de larga data y las posiciones a favor y en contra, siempre se han hecho presentes. En América Latina, los altos índices de criminalidad llevan a que sectores sociales exijan se discuta sobre la necesidad de la aplicación de la pena capital, como forma de combatir la inseguridad, lo que desde lo teórico contrapone las teorías retributivas y utilitarias, así como la normativa internacional en materia de protección de derechos humanos.
La omisión legislativa y sus consecuencias en los derechos humanos en México
(Universidad de Huelva, 2016) Domínguez Hernández, César Enrique
El objeto de este ensayo es poder determinar la consecuencia que el fenómeno de la omisión legislativa genera a partir de la interrupción del despliegue normativo de aquellos derechos fundamentales consagrados en la constitución mexicana, sin dejar de señalar, anticipadamente como una de sus consecuencias, la inconstitucionalidad de dicho fenómeno.
El nacimiento de la genética forense
(Universidad de Huelva, 2017) Mora Díez, Pablo
Los numerosos avances científicos en el campo de la genética forense, aplicados al proceso penal, han supuesto un importante avance del mismo, dando lugar a un proceso más objetivo, racional y respetuoso con los derechos fundamentales, tal y como se refleja en los primeros casos en los que se aplicó esta prueba de ADN.
Del incumplimiento de obligaciones al favorecimiento indebido en el delito de corrupción en los negocios
(Universidad de Huelva, 2017) Fernández Castejón, Elena Beatriz
Con la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal, el legislador español mantiene la tendencia de crear tipos penales simbólicos de difícil aplicación en la práctica judicial. Un ejemplo paradigmático de ello es la modificación llevada a cabo en el delito de corrupción en los negocios. El presente trabajo analiza las pretensiones del legislador al prescindir de la cláusula referida al incumplimiento de obligaciones para configurar el “favorecimiento indebido” como elemento nuclear del artículo 286 bis. Las conclusiones finalmente alcanzadas aportan criterios para la interpretación necesariamente restrictiva de este delito como reacción a la ampliación del ámbito de lo punible llevada a cabo con la reforma.
Estrategias político-criminales frente a la corrupción política. Apuntes desde la experiencia española
(Universidad de Huelva, 2017) Terradillos Basoco, Juan María
La corrupción política constituye una modalidad de delincuencia económica. Por tanto, la lucha contra la corrupción exige el despliegue de estrategias político-criminales que afecten al derecho penal, al Derecho procesal y a los mecanismos públicos de control y transparencia. Pero debe incidir, también, en los elementos del modelo económico que generan y potencian la corrupción de funcionarios públicos y autoridades políticas, y hacen prevalecer los intereses particulares sobre los colectivos, constitucionalmente consagrados.
Un enfoque de las víctimas del delito a partir de los derechos humanos
(Universidad de Huelva, 2016) Carreón Perea, Manuel Jorge
El presente documento tiene como propósito el reflexionar en torno a la relación que guardan los derechos humanos con el sistema de justicia penal acusatorio, analizando los principios, obligaciones y deberes estatales que tienen las autoridades a partir de la reforma constitucional de 2011.
El Derecho penal del enemigo: una tendencia imparable de la política criminal mexicana
(Universidad de Huelva, 2016) Merino Herrera, Joaquín
El cambio que hemos venido experimentando en materia de justicia penal contrasta con el estancamiento, o quizás involución, que caracteriza a nuestro sistema penal. No son pocos los casos que permiten constatar una preocupante expansión de la extralimitación, inclusive es posible establecer que el Derecho penal del enemigo representa una línea político-criminal cada vez más fortalecida en la realidad mexicana. El discurso garantista que, por fortuna, llevó a la unificación legislativa en diversos sectores de persecución penal, ahora más que nunca pone en evidencia la insostenible situación del desorganizado Derecho penal mexicano, pero también la fragilidad de nuestra concepción sobre el Estado de Derecho al momento de afrontar el crónico problema de criminalidad que sufrimos los mexicanos. El exclusivismo en la estrategia de prevención del delito, motivado en buena medida por el pragmatismo y un trillado afán de protagonismo político, nos ha ido alejando de los principios capitales que hemos plasmado en la Constitución general y que, en todo caso, se inspiran en el sentido y alcances del concepto de dignidad humana. De nada sirve optar por la renuncia al Estado de Derecho a través de la arbitrariedad que se recoge en textos legales como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, si tenemos profundas carencias que ni siquiera permiten dar efectivo cumplimiento a estos mecanismos de extrema violencia regulados; empezando por el grave problema de la corrupción que sufre nuestro país.
La cuestionable regulación penal de los delitos de financiación ilegal de partidos políticos
(Universidad de Huelva, 2016) Núñez Castaño, Elena
La reforma realizada por la L.O. 1/2015 de 30 de marzo incorporó por primera vez en nuestro Código Penal el delito de financiación ilegal de partidos políticos, el cual constituía uno de los temas más conflictivos y cuestionados por la sociedad en relación con este tipo de organizaciones, desde el prisma sobre todo de su consideración como una manifestación de la corrupción pública existente en nuestro país. Sin embargo, ni la técnica de tipificación, ni las conductas incluidas son las adecuadas para hacerle frente, sino que, por el contario se ha efectuado una regulación incoherente, insuficiente, que dará lugar a importantes lagunas de punibilidad así como a un serio cuestionamiento de su legitimidad penal. Por ello, el tema del presente artículo, además de un análisis de los elementos típicos de cada uno de los delitos de financiación ilegal, se dedica a poner de relieve los aspectos más cuestionables y controvertidos de la regulación misma.
Ciberterrorismo: la nueva cara de la delincuencia en el siglo XXI. La participación y fomento al delito por órganos de gobierno y empresas
(Universidad de Huelva, 2017) Nava Garcés, Alberto Enrique
Dada la capacidad que tiene el ciberterrorismo para desestabilizar economías y Estados completos al producir ataques en sistemas informáticos que controlan los más diversos ámbitos, se hace necesario revisar los términos legales que lo delimitan, y más específicamente, los tipos penales que buscan sancionar estas conductas. En México, es indispensable revisar la legislación, ya que ésta indica que para configurar el tipo de terrorismo se requiere la comisión de los hechos por medios violentos; considerando que el ciberterrorismo se apoya en medios electrónicos para cumplir sus objetivos, resulta difícil atribuir responsabilidad, particularmente cuando la autoría podría residir en personas morales, en países ajenos o cuando es inclusive alentada o cometida por los mismos órganos o grupos de poder del Estado.
Caso Rwabukombe: interpretación del Tribunal Supremo Federal alemán de la (co)autoría y la intención de destruir en el genocidio
(Universidad de Huelva, 2016) Ambos, Kai
En el contexto del genocidio de Ruanda al menos 400 personas fueron brutalmente asesinadas el 11 de abril de 1994 en la masacre de la iglesia de Kiziguro, aproximadamente a 100 kilómetros al noreste de Kigali, capital de dicho país. El 18 de febrero de 2014, después de tres años de juicio, el Tribunal Supremo regional de Fráncfort del Meno (Oberlandesgericht-OLG), como tribunal competente para juzgar estos hechos, declaró penalmente responsable como cómplice del genocidio a Onesphore Rwabukombe, exalcalde de la municipalidad de Muvumba, ubicada al norte de Ruanda y cerca de la frontera con Uganda, con base en su participación en esta masacre. Rwabukombe fue sentenciado a 14 años de prisión. Al decidir el recurso de casación (revisión) el tercer Strafsenat (división criminal) del Tribunal Supremo Federal alemán (Bundesgerichtshof-BGH) criticó el análisis realizado por el OLG y anuló esta decisión mediante sentencia del 21 de mayo de 2015. Como consecuencia, el 29 de diciembre de 2015, el OLG de Fráncfort le impuso a Rwabukombe una (nueva) condena de prisión perpetua como coautor por su participación en el genocidio, llamando la atención sobre la culpabilidad especialmente grave del condenado. En este artículo se hace entonces una breve reseña de las circunstancias fácticas del caso y del curso del proceso (1. - 3.) y se comenta desde una perspectiva crítica la decisión del BGH, especialmente con relación a la forma de participación y a la intención genocida de destruir, con base en los hallazgos fácticos hechos por el OLG (4.). Como conclusión, se afirma que la justificación del BGH para anular la decisión es convincente en relación a la forma de participación. Sin embargo, se afirma también que este caso muestra nuevamente que tanto el concepto diferenciador de autoría/participación como el entendimiento de la intención genocida de destruir fundada excesivamente en la voluntad son extendidos hasta sus límites cuando se trata de casos de macrocriminalidad.
Bien jurídico protegido por los delitos de blanqueo: blanqueo y receptación
(Universidad de Huelva, 2016) Calderón Tello, Lyonel Fernando
En el presente trabajo se busca dilucidar cuál es el objeto jurídico protegido por los delitos de blanqueo de capitales de los arts. 298 y 301 del CP. Se parte del entendimiento de que el blanqueo y la receptación son dos tipos penales relacionados con una misma prohibición, pero con diferentes ámbitos de aplicación. A partir de aquí, se analizan las diferentes posiciones de la doctrina y se construye una opción personal encajándola en el texto de la Constitución española, afirmando que, el aspecto del orden socioeconómico que resulta afectado por el delito de blanqueo de capitales se concreta en la protección del tráfico lícito de bienes. En relación a la receptación, hemos afirmado que, la original concepción de la receptación y su creación legal en función de aquella ha desaparecido; al igual que el delito de blanqueo de capitales, la receptación, según la actual configuración de la sociedad, lo que persigue es evitar que se contamine el tráfico lícito de bienes en la economía con los efectos que surgen de la comisión de un delito patrimonial y contra el orden socioeconómico.
Los actos preparatorios en el Derecho penal polaco
(Universidad de Huelva, 2016) Stefańska, Blanka Julita
El artículo trata sobre los actos preparatorios del delito en el Derecho penal polaco. Presenta los antecedentes de la responsabilidad penal por los actos preparatorios en el Código Penal del 1932 y del 1969 y contiene un análisis de los elementos de los actos preparatorios determinados en el art. 16 del Código Penal del 1997, así como los criterios de su interpretación. El artículo hace mención especial a los actos preparatorios materiales y personales
Acerca de la justificación de la intervención penal en los delitos económicos
(Universidad de Huelva, 2016) Vera Rivera, María del Carmen
En relación a los delitos económicos existe o subyace un debate relacionado con aceptar o no como legítima la intervención penal del Estado en este ámbito. En el marco de esta cuestión, en las próximas páginas, proponemos una solución para encausar y solucionar este dilema, porque, el problema tiene diversos niveles de discusión que al parecer en la doctrina se encuentran entremezclados y confundidos. El primer nivel estaría relacionado con el de la legitimidad de las normas penales del Derecho penal económico, aquí se encuentra el debate de la legitimidad de los bienes jurídicos colectivos. El segundo nivel sería el de la correcta selección de los intereses tutelables. El tercer nivel es el del tratamiento que deban tener las normas de este nuevo Derecho penal. Finalmente, tenemos la cuestión de la técnica legislativa.

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